| | En los últimos días estamos observando cómo, ante la grave situación de emergencia sanitaria creada por la pandemia del COVID-19, las autoridades europeas están tomando importantes medidas destinadas a contener el contagio del coronavirus entre las poblaciones de nuestros países. Vista la necesidad de evitar el contacto humano en espacios cerrados, las actividades culturales y escénicas se han visto profundamente afectadas: teatros, auditorios, conservatorios, centros culturales, museos, salas de concierto y otros múltiples espacios han echado el cierre preventivo y cautelar, provocando la inmediata suspensión de multitud de conciertos, obras de teatro, óperas, ballets, exposiciones, conferencias y un largo etcétera. Las medidas han recibido el apoyo prácticamente unánime de todos los profesionales del sector de la cultura y las artes escénicas, así como del grueso de la ciudadanía, conscientes de la importancia de actuar con inmediatez ante una situación que afecta severamente a la salud pública.
Sin embargo, conviene reflexionar críticamente sobre cómo se está gestionando el impacto que estas necesarias medidas van a tener a corto y medio plazo en la economía de un sector, el cultural y escénico, que, a pesar del peso importantísimo que tiene en la economía española y en las vidas de la ciudadanía, es constantemente ninguneado, ignorado y maltratado por las administraciones del estado en sus diferentes niveles, tanto en situaciones de normalidad como, significativamente, en momentos de excepción como el que estamos viviendo. Según el último informe del Ministerio de Cultura, del 13 de febrero de 2020, hay en España 122.673 empresas culturales (de las cuales su gran mayoría están vinculadas a las artes escénicas) y la aportación del VAB cultural al conjunto de la economía española se situó por término medio, en el periodo 2010-2017, en el 2,6�el 3,4�i se consideran las actividades vinculadas con la propiedad intelectual). El sector mueve (datos de 2017) alrededor de 27.728 millones de euros anuales –ahí es nada–, emplea a 704.300 personas (EPA, 3er trimestre 2019) y, más allá de su impacto directo en la vida cotidiana de la población, tiene además un impacto determinante para los movimientos turísticos (sector que nadie pone jamás en duda como fundamental en el devenir de la economía española).
Sin embargo, en las empresas culturales no cuentan con trabajadores asalariados y la mayoría son autónomos o pequeñas empresas de menos de cinco empleados. Este aterrador dato, revelador de una precariedad laboral extrema y de una fragilidad económica espectacular (triste paradoja), parece ser ignorado por todos los que, al tomar unas decisiones sanitariamente indiscutibles, no reflexionan sobre sus consecuencias más inmediatas. Al suspender música, teatro, danza, conferencias y tantas otras realidades culturales, parecen ignorar que están abandonando a su suerte a miles de pequeñas empresas y a una importante cantidad de trabajadores que, a la espera de un marco legal que regule de una vez por todas la especificidad de su condición laboral intermitente, siguen sobreviviendo siempre al día, con un sistema tributario y de cotizaciones que les agobia como pequeños autónomos y trabajadores freelance, abocándolos en la emergencia actual a interrogarse con gravedad si podrán hacer frente a sus alquileres, sus recibos de la luz, sus seguros y los gastos más básicos que sustentan a sus familias.
Frente a esta realidad, resulta del todo preocupante (por no decir vergonzante) que todo lo que hacen nuestros responsables políticos –de diferente color, en unas y otras administraciones– ante la ola de cancelaciones y cierres causados por esta emergencia sanitaria, sea lamentarse con aire de plañidera cultureta y no preocuparse técnicamente por las consecuencias directas de estas decisiones, tomando medidas específicas de urgencia que hagan viable la sostenibilidad del sector y la subsistencia de sus trabajadores más vulnerables. Resulta además desesperanzador que un importante número de instituciones culturales, públicas y privadas –con honrosas excepciones–, estén fundamentalmente preocupados por devolver el dinero de las entradas y no por reubicar las actividades programadas o por compensar a los trabajadores del sector las importantes pérdidas que ocasiona la necesaria cancelación de estos eventos por razones de salud pública.
Los ejemplos de una mejor actitud están al alcance de la mano. Mientras la Ministra de Cultura de la República Federal Alemana salía este jueves a dar la cara ante la opinión pública diciendo que para Alemania “la cultura no es un lujo” y desgranando una serie de medidas concretas “de apoyo y asistencia de liquidez” para paliar los efectos de las medidas de emergencia que afectan a los eslabones más débiles del sector cultural, aquí no hemos oído aún ni una sola propuesta específica y detallada para minimizar las consecuencias nefastas de esta situación. Porque los músicos, los cantantes, los bailarines, los actores (y un larguísimo etcétera) no sólo pierden con las cancelaciones los intermitentes ingresos con los que contaban para subsistir en los próximos meses, sino que –si las instituciones no lo remedian– pierden también importantes gastos en billetes de tren y avión, hoteles, manutención, inversiones en material promocional y escénico, asistencia social, seguros y hasta cotizaciones y cargas impositivas que han tenido que adelantar para unos actos que, una vez suspendidos, aquí –a diferencia de otros países de nuestro entorno– pocos se comprometen a re-ubicar o a compensar.
¿Y cómo es esto posible? Porque en este país la cultura, y muy especialmente las artes escénicas (música, teatro, danza, etc.), son consideradas políticamente un ornamento prescindible, un lujo superfluo y, como mucho, un agradable y simpático entretenimiento. Y si así lo consideran los medios de comunicación de masas, nuestros planes educativos, muchos de nuestros responsables políticos y la mayoría de los grandes inversores privados que ni un dedo mueven por las industrias culturales, y que sólo parecen ser sensibles a ellas si obtienen algún beneficio fiscal, es únicamente porque nosotros, como sociedad, no nos plantamos para reivindicar lo contrario con la vehemencia suficiente. Hay que decirlo alto y claro, hay que exigírselo a nuestros representantes y legisladores, y hay que practicarlo como sociedad civil: la cultura no es un lujo. Ahora que nos encerramos por responsabilidad cívica en nuestras casas, no sólo subsistimos a la cuarentena y a la incertidumbre –cuando no a la enfermedad– con comida y bebida, sino también, y siguiendo instintos casi tan primarios, con música, libros, películas, soñando con los museos que podremos volver a visitar y viajando con los ojos cerrados o mediante las herramientas del mundo virtual a escenarios de danza, teatro, ópera y conciertos…
Nuestra identidad se alimenta de las artes. No podemos existir sin ellas, porque de ellas emana nuestra condición humana. Abandonar a su suerte a quienes hacen posible que soñemos, que nos emocionemos y que la imaginación nos haga tolerable la enfermedad, el dolor y nos proporcione las herramientas críticas para luchar por un mundo mejor, es un crimen contra la esencia de nuestra humanidad. Por eso, en una situación de emergencia como la actual, se hace más que nunca necesario plantear con contundencia esta reflexión. Debemos hacer autocrítica y estar, como ciudadanía, a la altura de las circunstancias; de lo contrario, las instituciones públicas y privadas que de nosotros emanan jamás lo estarán. Y ese escenario podría ser la más irreversible de las pandemias.
Cibrán Sierra Vázquez es violinista del Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de Música 2018.
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